“Acceso a salud mental en jóvenes peruanos: la otra crisis post pandemia”

La pandemia por el COVID-19 agravó significativamente los problemas de salud mental en Perú. En particular, entre adolescentes y jóvenes, quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad emocional debido a factores como la presión académica, la incertidumbre laboral y la inestabilidad familiar.

Según datos del Ministerio de Salud (2022), entre el 30% y el 40% de los jóvenes de entre 19 y 26 años manifestaron síntomas de ansiedad y depresión tras el inicio de la pandemia, lo que evidencia un aumento preocupante en el malestar psicológico juvenil. A esto se suman las dificultades en el acceso a servicios de salud mental públicos, que muchas veces resultan insuficientes o poco accesibles para quienes no cuentan con recursos económicos o viven en zonas alejadas. Como resultado, el año 2024 cerró con una cifra alarmante: fue el periodo con más casos registrados de depresión moderada y grave, así como de intentos de suicidio, especialmente en el grupo etario de 20 a 24 años.

Esta situación no solo refleja una crisis silenciosa en la salud mental de los jóvenes peruanos, sino que también pone en evidencia la urgencia de implementar políticas públicas integrales, sostenidas y culturalmente pertinentes que promuevan la prevención, el acceso a atención psicológica de calidad y la reducción del estigma asociado a los trastornos mentales.

Situación actual: horas de trabajo y productividad

En el contexto post pandemia, uno de los factores que ha exacerbado el deterioro de la salud mental en jóvenes peruanos es la presión laboral y académica asociada a la productividad. Muchos jóvenes, especialmente entre los 18 y 25 años, se ven obligados a compaginar estudios con trabajos informales o precarios, sin estabilidad ni acceso a servicios de salud ocupacional. Esta doble carga ha intensificado cuadros de ansiedad, estrés crónico y agotamiento emocional. Según el Ministerio de Salud (2022), entre el 30% y el 40% de los jóvenes de entre 19 y 26 años presentaron síntomas de ansiedad y depresión tras la pandemia. Este impacto fue más notorio en mujeres jóvenes y habitantes de zonas urbanas, quienes registraron tasas de ansiedad del 48% y de depresión del 36%, respectivamente (Sánchez et al., 2018). En estos grupos, la búsqueda constante de productividad ha desplazado el autocuidado y el acceso oportuno a servicios de salud mental.

Además del impacto directo de las exigencias laborales y académicas, la salud mental de los jóvenes se ve agravada por un acceso desigual a servicios especializados. En zonas rurales o de bajos recursos, los centros comunitarios de salud mental aún no cubren adecuadamente la demanda. Aunque el Perú ha logrado implementar 248 Centros de Salud Mental Comunitarios a nivel nacional, “aún se requiere ampliar la cobertura de estos centros a lo largo del país, especialmente para poder llegar a la población más pobre” (Sánchez et al., 2018). Esta limitación estructural se suma a las barreras culturales como el estigma hacia la atención psicológica. El mismo estudio reveló que en hogares con inseguridad alimentaria, un 46% de jóvenes reportó síntomas de ansiedad y un 39% de depresión, niveles que se mantuvieron altos incluso al cierre del 2020. Así, los jóvenes de sectores vulnerables enfrentan no sólo un mayor riesgo emocional, sino también una menor capacidad de acceder a ayuda oportuna, lo que compromete su desarrollo personal, académico y profesional.

Comparación de la aplicación de la legislación laboral con respecto a otros países

Para comprender mejor las limitaciones del contexto peruano en relación con la salud mental juvenil y el trabajo, resulta útil analizar de qué manera países tales como Chile, España, Canadá y Australia han desarrollado políticas más integrales. Chile, mediante la Ley N.º 21.331 (2019) y su Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025, reconoce el trabajo como un factor determinante de la salud mental, estableciendo obligaciones para las empresas en prevención y apoyo psicosocial. España, con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y las guías técnicas del INSST, exige la gestión de riesgos psicosociales, reforzada por estrategias actualizadas hasta 2027. Canadá, a través de su Norma Nacional para la Salud Psicológica y la Seguridad en el Lugar de Trabajo (2013), y Australia, con iniciativas como la National Workplace Initiative y la National Mental Health Workforce Strategy 2022–2032, promueven entornos laborales mentalmente saludables mediante políticas colaborativas y directrices adoptadas por empleadores, con especial atención a jóvenes trabajadores y la capacitación continua.

En contraste, el Perú, si bien ha dado pasos importantes con la promulgación de la Ley de Salud Mental, 2019 y su reglamento, mantiene una brecha considerable respecto a los países mencionados. La normativa peruana se centra principalmente en un enfoque comunitario de atención y prevención, sin establecer una articulación efectiva ni obligatoria con los entornos laborales. Esto genera vacíos en la protección de la salud mental de jóvenes trabajadores, especialmente en sectores con alta rotación, empleo informal o condiciones precarias, lo que limita el impacto real de las políticas de salud mental en el ámbito productivo.

Iniciativas de salud mental en colegios, universidades o desde la sociedad civil

Frente al preocupante incremento de los trastornos de salud mental entre jóvenes peruanos, han surgido diversas iniciativas desde el sistema educativo y la sociedad civil orientadas a la prevención, atención temprana y reducción del estigma. Estas acciones, aunque aún fragmentadas, representan un avance necesario en la construcción de redes de apoyo emocional accesibles y culturalmente pertinentes.

A nivel escolar, el Ministerio de Educación del Perú ha promovido la estrategia nacional de “Escuelas Seguras”, que incorpora componentes de bienestar socioemocional dentro de su enfoque. En el marco del Currículo Nacional, se ha priorizado el desarrollo de competencias como la autorregulación emocional y la convivencia saludable desde la educación básica (MINEDU, 2023). Además, programas como “Somos Pares”, implementado en diversas regiones del país con el apoyo de UNICEF, capacitan a estudiantes para brindar acompañamiento entre pares y detectar señales tempranas de malestar emocional en sus compañeros (UNICEF Perú, 2022).

En el ámbito universitario, instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) han fortalecido sus servicios psicológicos, integrando plataformas virtuales de orientación y talleres sobre manejo del estrés, ansiedad y burnout académico. Durante el 2022 y 2023, la PUCP reportó un aumento del 70% en la demanda de atención psicológica, especialmente entre estudiantes de primeros ciclos y mujeres jóvenes (PUCP, 2023). De igual forma, universidades públicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han desarrollado unidades de tutoría psicológica y programas de intervención grupal para abordar crisis emocionales vinculadas al entorno académico y personal.

La pandemia de la COVID-19 agudizó una crisis de salud mental preexistente entre adolescentes y jóvenes peruanos, evidenciada por un aumento sostenido de casos de ansiedad, depresión e intentos de suicidio, especialmente en el grupo etario de 20 a 24 años. Factores como la presión académica, la precariedad laboral y la falta de estabilidad familiar han incrementado el estrés emocional entre los jóvenes, en un contexto donde deben compaginar estudios con trabajos informales sin acceso a servicios de salud ocupacional ni tiempo para el autocuidado.

El acceso a atención psicológica sigue siendo desigual, con mayores limitaciones en zonas rurales y en sectores de bajos recursos. Aunque existen más de 200 Centros de Salud Mental Comunitarios, su cobertura es aún insuficiente para responder a la alta demanda. Aunque existen esfuerzos positivos desde el sector educativo y la sociedad civil, como las estrategias “Escuelas Seguras” y “Somos Pares”, así como programas universitarios de orientación psicológica, que apuntan a la prevención y al acompañamiento emocional, no se tiene una base real y suficiente, estas iniciativas son aún dispersas y requieren mayor articulación, financiamiento y sostenibilidad.

Se hace urgente una política pública integral, intersectorial y con enfoque territorial, que articule salud, educación, trabajo y sociedad civil para garantizar el bienestar mental juvenil, reducir el estigma y asegurar el acceso equitativo a servicios de calidad.

Bibliografía

Ministerio de Salud del Perú. (2022). Entre 40 y 30 % de jóvenes de 19 y 26 años en Perú presentaron síntomas de ansiedad y depresión tras la llegada de la COVID-19. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/ins/noticias/661646-entre-40-y-30-de-jovenes-de-19-y-26-anos-en-peru-presentaron-sintomas-de-ansiedad-y-depresion-tras-la-llegada-de-la-covid-19gob.pe+2gob.pe+2gob.pe+2Infobae. (2025). El silencioso agotamiento emocional de los jóvenes peruanos. Recuperado de https://www.infobae.com/peru/2025/04/30/el-silencioso-agotamiento-emocional-de-los-jovenes-peruanos/

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