Por: Valquiria Meza (@l_valkyrie), Dabilui Antonio Isasi Cabrera (@dabilui.isasi) y Kimberly Kiara Rosas Tejada (@kym.rosas.t)
La divergencia monetaria es la epidemia social más prejuiciosa que ha coexistido el Perú a través de su historia. Los esfuerzos por luchar contra ella van más allá de actos aislados, sino que incluyen a la sociedad como núcleo de concientización y de políticas públicas. Lejos de ver a la pobreza como un problema sectorizado, el Perú empezó a concebirla conforme a su propia naturaleza como una cuestión pública y social. Dicho enfoque permite que, en el marco del Día Internacional para la erradicación de la pobreza, se tenga que determinar los logros obtenidos y también los nuevos desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía frente a los nuevos factores de alerta.
Se destaca que la pobreza, conforme a su habitual noción aceptada, es entendida como la falta de una cosa determinada. Empero, dicha conceptualización es insuficiente para abarcar la pobreza desde la estructura social. Por ello, es vista a partir de distintas dimensiones, siendo la principal y más conocida la pobreza económica. Análogamente, identificar sus causas involucran esferas privadas en contraste con las públicas, por ejemplo, la exclusión social, enfermedades, dificultad en el acceso a la educación, la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones, entre otros fenómenos que impiden y entorpecen el pleno desarrollo.
En este sentido, el presente artículo busca informar sobre las falencias y fortalezas de las políticas públicas relacionadas a la lucha contra la pobreza. Para ello, se procederá a comentar brevemente la historia de la pobreza en el Perú, posteriormente, se mencionarán los Objetivos Estratégicos formulados para erradicarla. A continuación, se reseñará el marco normativo y jurisprudencial por el cual el Estado debe velar por la erradicación de la pobreza. Finalmente, se determinarán las debilidades y fortalezas del país en cuanto su lucha contra la pobreza.
La pobreza a través de la historia
La pobreza monetaria, un problema arraigado en Perú durante más de cinco décadas, ha dejado una huella significativa en el país. Desde 1970, ya se observaba un alto porcentaje de personas en situación de pobreza, y para 1991, este porcentaje había aumentado al 55.3%. Aunque es cierto que la población rural alberga una proporción considerable de personas en situación de pobreza, no podemos pasar por alto el impacto significativo que la pobreza tiene en la población urbana. Durante este período, la desigualdad en la tenencia de la tierra se convirtió en un problema central, con grandes terratenientes acaparando vastas extensiones mientras que campesinos e indígenas carecían de acceso a tierras adecuadas para la agricultura. Además, las décadas de 1980 y 1990 presenciaron un conflicto armado interno que generó violencia, desplazamiento forzado y desorden social en áreas rurales, exacerbando aún más la pobreza. A pesar de algunos avances en la reducción de la pobreza en las últimas décadas y de los programas gubernamentales como “Juntos” y “Pensión 65”, el Perú aún enfrenta desafíos significativos en términos de desigualdad, ante acceso limitado a servicios básicos y el desarrollo económico equitativo tanto en áreas rurales como urbanas.
Objetivos Estratégicos
Para reducir la pobreza se necesita el desarrollo integral de una comunidad, región o país. Bajo este marco, existen enfoques efectivos para la reducción de la pobreza. El Objetivo estratégico 1, sobre el Ordenamiento de planes, sistemas y mecanismos de implementación para la reducción de la pobreza aborda las necesidades políticas y sociales que necesita fortalecer dicho sector o país.
El objetivo estratégico de desarrollo 2, establece el mantenimiento y aumento de los ingresos de los estratos pobres, haciendo alusión a la promoción de actividades económicas que los beneficie a aumentar sus ingresos de forma que estos contribuyan de forma positiva a su comunidad. De este objetivo es que se desprende el tercero. “Aseguramiento de las necesidades básicas de vida de los estratos pobres”. Este objetivo engloba servicios básicos que deben ser proveídos para que las comunidades fortalezcan sus habilidades; el sector educación y sector salud son servicios básicos que deben ser garantizados.
Por último, el objetivo estratégico de desarrollo 4, nos habla sobre la mitigación de las amenazas externas como es el incremento de los estratos pobres. Estas comunidades son vulnerables desde el ámbito de cobertura de sus derechos fundamentales. También se considera un punto peligroso las amenazas externas como los conflictos armados, desastres naturales, crisis económicas e incluso enfermedades infecciosas que puedan afectarles directa o indirectamente. Por este motivo, se busca disminuir el posible resultado ante cualquiera de estas amenazas al tomar medidas adecuadas para el correcto desarrollo de su personalidad.
La lucha contra la pobreza, un mandato legal
Uno de los puntos más importantes que debemos recordar como ciudadanos, es que gozamos de los derechos a la vivienda y a acceder a servicios públicos necesarios, de conformidad con los artículos 2, inciso 1, y 44 de la Norma Fundamental. Desde luego, estos derechos guardan relación directa con el derecho al bienestar, el cual, según el Tribunal Constitucional, tampoco implica que el Estado debe asegurar que todas las personas puedan cumplir con sus deseos o preferencias personales, cualesquiera sean estas (Sentencia 03383-2021-PA/TC, fundamento 119). Sin embargo, lo que sí podemos dejar en claro, es que nuestro Estado peruano está obligado a promover condiciones mínimas necesarias para su logro, así como asumir el deber de remover los obstáculos para su realización. En esa línea, el máximo intérprete de la Constitución ha enfatizado que hace falta políticas de reconciliación en un modelo constitucional donde el perdón, la tolerancia y el entendimiento den lugar a nuevos tiempos donde la inclusión, la proscripción de la discriminación y la procura del bienestar permitan la adopción de nuevas medidas que no estigmaticen de forma radical a ningún ciudadano, sino todo lo contrario, alcancen la paz social, nuevo derecho implícito que emerge del cuadro de principios y valores de nuestra Constitución (Sentencia 01606-2018-HC/TC, fundamento 64). Por lo tanto, debemos entender que el derecho al bienestar implica asegurar al ciudadano con determinadas condiciones básicas y necesarias, con el fin de que pueda idear un plan de vida y concretarlo.
Por otra parte, resaltamos que el 17 de octubre se celebra el día de la Erradicación de la Pobreza en el Perú; no obstante, pese a su inclusión dentro del calendario cívico, la pobreza es un problema que está lejos de desaparecer, principalmente por las serias barreras que se hacen patente año tras año. En primer lugar, la desigualdad económica traducida en la carencia de acceso a servicios básicos como atención médica, educación de calidad, agua potable y saneamiento adecuado, lo que limita la capacidad para escapar de la pobreza. Ello se incrementa con la falta de empleo digno y bien remunerado. En segundo lugar, en muchas comunidades, la pobreza se transmite de una generación a otra, creando ciclos de pobreza persistentes que requieren inversiones en educación y desarrollo infantil temprano para romperlos. La falta de acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias y crédito, también limita la capacidad de las personas para invertir en oportunidades de negocio o educación. En tercer lugar, en áreas afectadas por conflictos armados o fragilidad política, la erradicación de la pobreza se vuelve aún más difícil debido a la falta de seguridad, la destrucción de la infraestructura y la escasez de oportunidades económicas. Además, el cambio climático y los desastres naturales pueden empeorar la pobreza al destruir propiedades y medios de vida, particularmente en las comunidades más vulnerables, ya que tal como ha mencionado Saskia Carusi, “la pobreza está íntimamente vinculada, porque cuanto más aumenta la pobreza hay más vulnerabilidad para sufrir los impactos de un desastre; pero si reducimos la pobreza, contribuimos al desarrollo sostenible y se reduce el riesgo de desastre”. En cuarto lugar, la gobernanza deficiente y la corrupción también pueden dificultar la distribución efectiva de recursos y programas destinados a combatir la pobreza. Asimismo, en un mundo cada vez más digitalizado, la falta de acceso a la tecnología y la educación digital aumenta la brecha digital. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por ejemplo, indica que solo 14,3% de las familias pobres registran la tenencia de laptop/computador, mientras que los afectados por la extrema pobreza es de 5,2%. Finalmente, la migración y el desplazamiento forzado, ya sea dentro de un país o entre países, a menudo empujan a las personas a buscar oportunidades económicas en otros lugares, lo que puede exacerbar la pobreza en las áreas de origen y plantear desafíos en las áreas de destino.
Pese a que los desafíos son muchos, también son los avances. En Perú, se han implementado programas sociales como "Cuna Más", diseñado para promover el desarrollo infantil en niñas y niños menores de 3 años en áreas de pobreza y extrema pobreza. Asimismo, el programa "Qali Warma," que significa "Niño Vigoroso" en quechua, que tiene como principal objetivo brindar alimentación escolar para mejorar la nutrición de los estudiantes. Además, "Pensión 65" se dedica a la protección de adultos mayores de 65 años que enfrentan condiciones precarias para su subsistencia. Estos programas representan esfuerzos significativos del gobierno peruano para abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables y promover el bienestar en todo el país.
Por ende, es necesario valorar que para erradicar eficazmente la pobreza se requerirá de un enfoque holístico que integre políticas económicas, sociales y ambientales de manera concertada y práctica. La erradicación de la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades para todos son metas loables que solo pueden lograrse mediante la colaboración global y un compromiso firme con el desarrollo sostenible. Esto implica no solo la implementación de políticas inclusivas y equitativas a nivel nacional, sino también un esfuerzo continuo de cooperación internacional para abordar las raíces profundas de estos problemas. Por ello, solo cuando se establezca el trabajo colaborativo como Estado, en marco de direccionarnos hacia un mundo donde la pobreza sea cosa del pasado y donde todos tengan la posibilidad de prosperar, estaremos avanzando hacia un futuro más justo y sostenible para las generaciones venideras.
Referencias bibliográficas:
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