Por: Estrada Arellano, Vittina (@vittinaestrada), Melchor Valdivia, Norly Michel (@norlymelchor498) y Zarate Aldana, Yakelin (@hyzza.0617)
A nivel mundial, existe aproximadamente más de un 50% de personas que son víctimas de crímenes lesivos a sus derechos fundamentales, y que constituyen, además, una vulneración constitucional protectora de sus garantías y libertades personales y sociales. El caso más común es el de la trata de personas; esta es, en muchos estados, un delito que típicamente tiene una enorme extensión en el ámbito social, y que con el tiempo ha perjudicado a un importante sector de la población. Esta problemática, con sus diferentes modalidades causa un enorme perjuicio, no solo en las víctimas, sino también en los habitantes en general.
El 30 de julio de cada año se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas; pero más que una celebración, es una concientización para todos de la difícil situación de las víctimas o afectadas por este delito, que son perjudicadas y dañadas tanto física como psicológicamente. Según Paparelli (2019), un factor común entre las víctimas es que son personas de condición vulnerable, entre ellas, mujeres, niños y hombres. De esta forma, cabe entonces plantear una definición concreta de lo que se trata.
Concepto y noción de la Trata de Personas
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la Trata de Personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de hombres, mujeres, niños o niñas, mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño, con la intención de explotarlas con fines lucrativos. Este tipo de explotación incluirá como mínimo (según el Protocolo de Palermo), la explotación de la prostitución ajena u otras formas, trabajos forzados, la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Lo cierto es que todos los países del mundo sufren la trata de personas en sus diferentes modalidades, ya que esta, además de ser lesiva, va en contra de derechos constitucionalmente protegidos, que pueden pasar en todo el mundo.
Según las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, sus países miembros aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y metas relacionadas a la lucha contra la trata. Justamente, la finalidad de estos es que se ponga fin a la misma, y que se termine, o en su defecto, elimine todas y cada una de las formas de violencia contras las mujeres y niñas. Estos objetivos están establecidos de acuerdo a las nociones que a futuro se pretende lograr con el desarrollo sostenible teniendo como principales operadores a todas las personas del mundo. Claro está, que si cada una de ellas, concientiza interior y exteriormente la lucha contra la trata de personas, ya sea con la creación de campañas o actividades similares, podrían obtenerse resultados favorables. Quizás no se disminuya su realización, pero por lo menos se puede informar a la población del sufrimiento de estas víctimas, a fin de ejecutar acciones que aminoren sus estadísticas.
Partimos entonces de una problemática que afecta el aspecto social de la población. Es importante mencionar que, en muchos países, suele confundirse la trata con el tráfico de personas; esto quizá por un tema de traducción, ya que en inglés es “human trafficking”. No obstante, lo cierto es que se refieren a dos conceptos totalmente diferentes. Tal es el caso de México, donde, según la Fiscalía General de la República (2018), la trata de personas es considerada como aquella atracción, persuasión, transporte o traslado de personas, pero con entablamientos del uso de la fuerza o diferentes formas del coacción, a fin de obtener el consentimiento de una persona para explotarla. Por el contrario, el tráfico de personas está más relacionado con la facilitación de la entrada ilegal de una persona al Estado, que no sea nacional, esto a fin de obtener un beneficio. Por otro lado, en el caso de España, de acuerdo a Paparelli (2019), la trata atenta contra la integridad de las personas, mientras que el tráfico contra la integridad de los Estados con el ingreso de individuos al país de manera irregular.
La Trata de Personas en el mundo
En el contexto mundial se estima que existen 500 mil víctimas de trata de personas, del cual el 54% son mujeres y niñas y el 80% del total son víctimas de explotación sexual forzada (Nikkel yTenis, 2018). De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2019), la proporción de niños varones que son víctimas de trata de personas ha aumentado cinco veces en los ultimos 15 años, mientras que el número de víctimas de niñas y niños se ha triplicado. Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha registrado 225 000 víctimas de trata de personas desde el 2003 hasta el 2016.
Los países donde se han encontrado más víctimas fuera de su territorio son Asia Oriental y África Subsahariana, siendo Europa Occidental y Central los lugares a donde se destina a dichas personas (Europa Press, 2022). De igual forma, respecto al informe de la ONU sobre la trata de personas en América, señalan que los países con mayores casos son países del territorio de América Central y el Caribe, siendo, además, los países donde este delito presenta un menor número de condenas, lo cual coloca a las personas vulneradas en una situación de desprotección total por parte de sus gobiernos.
La Trata de Personas en el Perú
La trata de personas es un problema que se suscita también en el Perú, siendo alarmantes las cifras expuestas por el Ministerio Público, citado en Capital Humano y Social (2022), donde se señala que durante el 2021 se reportaron 2 611 casos de este delito, del cual 2 163 (83%) fueron mujeres y 651 (25%) fueron menores entre las edades de 6 y 17 años. Las regiones con mayor cantidad de denuncias de este delito en el país son Lima (21,3%), Madre de Dios (9%), Loreto (7,5%), Puno (6,6%) y Cusco (5.4%). Con ello, se muestra un informe estadístico en el que la Trata de Personas se suscita también como un problema nacional social que necesita de iniciativas a fin de concientizar a la población del sufrimiento de las víctimas que pueden ser mujeres, menores de edad u hombres.
Según la Defensoría del Pueblo (2023), esta problemática en el país representa un negocio ilícito que moviliza millones de dólares al año. A pesar de los esfuerzos del Estado por combatir este delito, los criminales encuentran formas de continuar trabajando. Ampuero (2023) indica que de enero a abril del presente año se han registrado en promedio 19 denuncias diarias por trata de personas a nivel nacional. A pesar de que las cifras en el Perú se redujeron durante la pandemia por el Covid 19, lamentablemente las víctimas de este delito se han incrementado en estos últimos dos años. Además, con la llegada de personas extranjeras principalmente de Venezuela, las cifras de trata de personas hacia esta población se han elevado. Si bien en el Perú existían casos de trata de personas, luego de la migración venezolana las cifras se incrementaron, evidenciando de esta manera el tráfico de los migrantes extranjeros como víctimas y también como autores del crimen. Aquello se evidenció en el 2022, cuando la Policía Nacional del Perú rescató a 947 víctimas, de las cuales 435 (47%) fueron mujeres venezolanas, siendo las regiones de Lima y Tumbes las que registran la mayor cantidad de víctimas venezolanas.
En añadidura, el diario La República señala la existencia de redes dedicadas a la trata de personas para su explotacion sexual, siendo los bares y hoteles los lugares donde los criminales acceden a sus víctimas. Frente a las denuncias que se han realizado, la Fishtrap logró 44 sentencias condenatorias para los tratantes en el 2023, lamentablemente estos números son reducidos frente a las 2 222 denuncias en lo que va del año. El Ministerio Publico indica que la trata de personas en el Perú se instaura en primer lugar como un secuestro mental, ya que las víctimas mantienen creencias de desvalorización y cosificación arraigadas y no consideran que son vulneradas, por lo que no cooperan con las denuncias (Ampuero, 2023). No obstante, existen otras formas de captar víctimas, por ejemplo, mediante falsas ofertas de empleo, clubes nocturnos y trabajo doméstico a domicilio. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes cometen el delito de trata de personas son adultos de entre 30 y 44 años. Durante el 2021, se capturó a 444 criminales, de los cuales el 52,3% (232) están sentenciados y el 47,7% (212) se encuentran procesados (Ledesma, 2023).
Los esfuerzos por reducir las cifras de las víctimas de Trata de Personas varían de acuerdo a los países y las acciones que se toman frente a este delito. Sin embargo, existe aún una brecha entre el número de denuncias y el número de condenas frente a estos delitos. Se espera que el panorama actual a nivel nacional pueda cambiar en favor de aquellas víctimas, para ello se están trabajando en nuevas estrategias de prevención de este delito (Capelli, 2019). Es así que, va a ser un compromiso también para las instituciones del Estado que mediante políticas o estrategias públicas, se prevea el incremento de la trata de personas como delito en el país.
¿Cómo prevenir, proteger y perseguir la Trata de Personas?
Con lo antes expuesto, es necesario establecer algunas iniciativas propuestas a fin de poder prevenir, proteger o en su defecto, perseguir la trata de personas. Es por ello que dividiremos este apartado en tres ámbitos: nacional, social y político. De esta forma, a nivel nacional, espacios de concientización, en un trabajo con la población civil, los gobiernos locales, regionales y nacionales, medios de comunicación y el sector privados son necesarios para vislumbrar la coyuntura que atenta contra los derechos fundamentales de los seres humanos a fin de actuar desde el reconocimiento y prevención del problema.
A nivel social es evidente la invisibilidad del sector vulnerable en mención, el cual es derivado de la falta de información y educación. Por ello, se deben ejecutar acciones de difusión y concientización de la población, desarrollar estrategias de prevención y desestímulo de la trata y la explotación de personas en sectores claves, bajo un enfoque de género al considerar que el 50% de las víctimas son mujeres y niñas. En tal sentido, se tiene al alcance herramientas tecnológicas para identificar proactivamente el material ilegal y dañino en línea y tomar medidas inmediatas y efectivas para reportarlo y eliminarlo (Naciones Unidas).
A nivel político, se debe reforzar el marco legal con políticas públicas de prevención, reparación y reinserción de las víctimas al sistema. Adicionalmente, promover la amplia rendición de cuentas y la transparencia entre las instituciones gubernamentales, realizar evaluaciones periódicas del buen gobierno con la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales, ello a fin de vigilar los niveles de corrupción en el país (UNODC). A nivel internacional, organismos como la ONU a través de la agencia UNODC establecen directrices para los estados miembros, a fin de coordinar los diversos sistemas jurídicos. En el marco regional de Latinoamérica existe una oportunidad de articular esfuerzos en base a las similitudes de las normas regulatorias y condiciones geográficas respecto a la persecución del delito y a la protección de las víctimas (Arteaga, 2020).
Finalmente, el presente artículo demuestra que la trata de personas es un fenómeno global, que involucra un elevado número de estados miembros, en el cual a través de la cooperación internacional, es posible dar voz a quienes no la tienen a fin de garantizarles una vida más digna respetándose como personas y ayudándoles hacia la reconstrucción de su vida futura. En tal sentido, la sociedad civil es un asociado fundamental en todas las iniciativas de prevención, protección y enjuiciamiento como: ejercer un rol participativo a través de las denuncias de situaciones que parecen irregulares, en donde puedan estar en peligro la vida y la libertad de personas, sean nacionales o extranjeros. Por último, como detalla Martin Luther King “la injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.
Referencias bibliográficas
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