Lucha contra la pobreza en jóvenes peruanos egresados tras la Covid-19

Por: Lyliana Guadalupe Alarcon Nuñez, Rodrigo Carlos Lozada Zapana y Virginia Isabel Lopez Quiroz


Introducción


De acuerdo a la normativa peruana, se considera como jóvenes a aquellas personas entre 15 y 29 años. Para el año 2020, se calculó que en nuestro país el 24,1% de la población entraba en esta categoría. A nivel mundial, los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio, capaces de lograr un impacto positivo para las generaciones futuras, e incluso han participado en el desarrollo de la Agenda 2030, en la que se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este plan de acción tiene como primer objetivo el fin de la pobreza, el cual se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19, ya que la mortalidad ha sido más alta en países con mayores niveles de pobreza, pobreza extrema e informalidad laboral (Cid y Marinho, 2022).


Uno de cada seis jóvenes entre 18 y 29 años en el mundo, ha dejado de trabajar desde que comenzó la pandemia, y una cuarta parte de la población joven mundial entre 18 y 24 años ha perdido su trabajo. El impacto de la pandemia en la economía es significativo y ha aumentado la vulnerabilidad de los jóvenes, es decir, lamentablemente la pandemia no solo empobreció a los peruanos, especialmente a los jóvenes; sino que también precarizó las oportunidades laborales de los estudiantes universitarios egresados. La educación superior en el país no siempre se traduce en oportunidades de empleo formal para los jóvenes, ya que, el reducido mercado laboral formal enfrenta nuevos desafíos en torno al llamado “teletrabajo”, especialmente para los jóvenes que compiten de manera desigual por la carga familiar, las condiciones de vivienda u otras dificultades.


A nivel nacional, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú cayó 11,1% durante 2020, la tasa más baja en las últimas tres décadas según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estas cifras demuestran la agudización del desempleo y la pobreza en el territorio nacional. La tasa de pobreza monetaria para el 2021, a nivel nacional, se situó en 25,9%, por debajo del 30,1% del 2020; pero aún por encima de la tasa de pobreza previa a la pandemia, exactamente 5,7 puntos porcentuales. Según el Informe Técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016”, se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos. Analizando a nivel departamental, la situación es más crítica en la sierra central o selva. En departamentos como Huancavelica, Ayacucho y Pasco, los índices de pobreza se agudizaron aún más en estos últimos años postpandemia.


La Covid-19 en recién graduados: El desempleo y la pobreza


La pandemia de Covid-19 afectó a gran parte de los jóvenes, quienes se vieron obligados a abandonar sus estudios o se quedaron sin trabajo. En cuanto al caso peruano, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), informó que la tasa de interrupción de los estudios universitarios se duplicó en el 2020. Al respecto, Noelia Chávez, secretaria nacional de Juventud, remarcó la precaria situación que viven los jóvenes, quienes han tenido que buscar empleos, en su mayoría informales, para poder sostenerse y/o apoyar a sus familias.


Sin embargo, esta inserción laboral no se tradujo necesariamente en buenas condiciones para los jóvenes. Así, por ejemplo, para junio del 2022, la tasa de jóvenes con empleo aumentó en 71.7% con relación al mismo mes del 2020; no obstante, los jóvenes con empleos formales decrecieron en 22.7%. Al respecto, la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju) advierte que mientras menor sea el nivel educativo de una persona joven, mayor será la probabilidad de estar en una situación de empleo informal (2019).


La importancia de prestar especial atención al desempleo radica en su fuerte incidencia en la movilidad social, de lo contrario se perpetúa la pobreza de forma intergeneracional. En tal medida, si bien la precarización de los trabajos ha afectado a gran parte de la población, aquellos de menores recursos tienen mayores dificultades para escapar de la pobreza. Por si fuera poco, la precarización del empleo va consolidando una clase trabajadora que tiende a la pauperización (Andrade y Jiménez-Bandala, 2018).


Políticas de lucha contra la pobreza en recién graduados


En nuestro país en el 2019, el 61,4% de los jóvenes pertenecía a la PEA (Población Económicamente Activa) y el 38,6% a la PEI (Población Económicamente Inactiva). El desempleo juvenil sigue aumentando en los últimos años, sin embargo, los datos muestran que la emergencia sanitaria ha tenido un impacto negativo en esta situación. Las tendencias de los últimos años muestran que el desempleo afecta más a los grupos de edad de 20 a 24 años (18,2%) y de 25 a 29 años (17,2%). Entre los jóvenes de 15 a 19 años, el desempleo cayó del 13,6 % en 2019 al 8,8 % en el segundo trimestre de 2020. Una pregunta que podría explorarse en futuras investigaciones es si este fenómeno está relacionado con la mayor responsabilidad de mantener los ingresos del hogar entre los jóvenes de este grupo de edades.


De acuerdo con los alarmantes datos obtenidos, el gobierno peruano ha puesto en marcha iniciativas destinadas a promover y generar mejores oportunidades de vida para los jóvenes, en especial el esquema de empleo temporal “Trabaja Perú”, que tiene como objetivo brindar empleos a las personas mayores de 18 años y en situación de pobreza, pobreza extrema o afectados en todo o en parte por desastres naturales o emergencias sanitarias. Asimismo, encontramos programas como “Jóvenes productivos”, “Proyecta tu futuro”, “Innóvate Perú” y “Ponte en carrera”; además de las iniciativas lideradas por el gobierno nacional. Entonces, es necesario fortalecer el papel de las autoridades regionales y locales en esta materia.


El Gobierno aprobó la Política Nacional de Juventud (Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU), la cual establece diversos objetivos prioritarios de intervención pública para el desarrollo integral de la población joven y para su efectiva participación en la sociedad, entre ellos destacan: desarrollar competencias en el proceso educativo, incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente, atención integral de salud de la población graduada, reducir la victimización y discriminación de la población graduada en situaciones de vulnerabilidad e incrementar la participación ciudadana de la población joven.


Enfoque regional de la pobreza


Es menester enfocarnos de forma específica en las regiones más pobres de nuestro país, regiones que paradójicamente son las que más recursos naturales tienen, ya sea en materia agrícola o minera. Tal es el caso del departamento de San Martín, que lidera con la mayor cantidad de recursos recibidos: S/ 524.4 millones, pero que hasta el 16 de noviembre del 2021 ha logrado ejecutar la quinta parte de su presupuesto. Esto como causa de la inoperancia de las autoridades ediles quienes son responsables de que se mantenga la precariedad rural. Según Macroconsult, el impacto de la pandemia en la economía peruana tendrá consecuencias sobre la capacidad del país al reducir la pobreza en el mediano y largo plazo. Ahora bien, esto se agudiza en los tres departamentos más pobres del Perú en el año 2020 que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se observó en Huancavelica (47.7%), seguido de Ayacucho (46.4%) y Pasco (44.8%).


Según un reciente estudio del INEI en las regiones de la sierra y la selva, el 32% de graduados tardaron 9 meses o más en conseguir su primer empleo en planilla. Esta cifra es reducida a comparación de la región costera. Analizando la situación de los jóvenes bachilleres que logran conseguir un empleo en Lima, estos se mantienen en planilla un promedio 13 meses. A diferencia de las provincias, donde el empleo formal puede durar cerca de nueve meses a los jóvenes egresados. En suma, existe una desventaja comparativa que vulnera el derecho al trabajo, no solamente en sentido estricto sino también se vulnera los elementos interdependientes y esenciales del derecho del trabajo: Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad.


Referencias