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Avances en Perú respecto al empleo decente y la reducción de las desigualdades.

Por: Esteban Cabrera Bonilla (@estbn.sc) y Juan Diego Linares Jaime (@jdlinaresjaime03).


El mes anterior nuestro país celebró fiestas patrias, cumpliendo un año más de independencia. Habiendo pasado más de dos siglos desde la liberación del yugo español y el establecimiento de una república democrática, es necesario cuestionarnos nuestra situación como sociedad.


Una forma de indagar en los resultados es ver nuestros avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son una serie de metas establecidas por las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para lograr el desarrollo sostenible y próspero de todos los países del mundo.


De los 17 ODS establecidos, consideramos centrarnos en el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 10: Reducción de las desigualdades. Estos dos ODS se enfocan en dos ejes fundamentales para el desarrollo, con énfasis en el aspecto tanto económico como social.


El ODS 8 tiene como objetivo promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para la erradicación de la pobreza, se necesita empleo adecuado, lo cual suele ser un grave problema en nuestro país, el cual tiene un alto porcentaje de empleo informal (la informalidad actualmente supera el 75%) y subempleo (más del 45% de trabajadores son subempleados).


El ODS 10 se centra en reducir la desigualdad entre los países y también dentro de ellos. Estas desigualdades pueden incrementar por cuestiones de género, edad, origen étnico, entre otras características. Por este motivo, también es importante ver cuáles han sido los avances para erradicar el problema con enfoque en cuestiones de equidad de género y valoración en el aspecto señalado y el empoderamiento a personas en condiciones vulnerables.


El artículo provee información respecto a las iniciativas públicas y privadas para resolver las problemáticas laborales desde un enfoque de erradicación de la desigualdad. Esto permitirá elaborar un análisis final de la efectividad de los impulsos de estos dos ODS, así como cuestionar si es suficiente para solucionar el dilema nacional.


Avances en el sector público


El sector público, en sus ámbitos correspondientes, afirma encontrarse comprometido con el avance en los ODS. De esta manera, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuenta con un Sistema de Seguimiento de los Indicadores de los ODS, por medio del cual monitorea el avance del Estado en la construcción de indicadores para los 17 ODS.


El ODS 8 tiene un buen porcentaje de indicadores construidos, 69%, con 11 de 16 indicadores. De esta manera, el Estado puede medir la tasa de crecimiento del PBI, el porcentaje de empleo informal, la tasa de desempleo, el porcentaje de NINIs, etc., pero aún no hay indicadores disponibles para la huella material, el consumo material y el nivel de cumplimiento de los derechos laborales.


Por otro lado, el ODS 10 será más difícil de medir puesto que solo existen 5 de 14 indicadores construidos (36%). Esto significa que el Estado no podrá brindar un avance claro en este ODS, pues faltan datos sobre el efecto de políticas fiscales, salariales y de protección social, así como ciertos indicadores sobre inmigración.


Respecto al avance del órgano legislativo, este emitió junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un reporte en el 2018. En dicho reporte se observa que la mayoría de iniciativas legislativas en el ámbito del ODS 8 y ODS 10 provienen del Congreso de la República, y, en segundo lugar, del Ejecutivo, seguido de la SBS y otros organismos estatales.


Las leyes enfocadas en el ODS 8 abarcan temas como beneficios tributarios para regiones en la selva (Ley 30621), promoción del desarrollo del mercado de capitales (Ley 30532 y Ley 30708), fortalecimiento del funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Ley 30607), entre otras.


En cuanto a las leyes orientadas al ODS 10, comprenden temas como el desarrollo sostenible de ciertas provincias (Ley 30574), legislación en favor de personas con discapacidad (Ley 30412, Ley 30669 y modificación de la Ley 30001) y de la población migrante (Ley 30525), beneficios tributarios para las MIPYMES (Ley 30660), así como la creación de distritos para atender demandas locales (Ley 30440, Ley 30491, Ley 30455, Ley 30457, Ley 30481 y Ley 30492).


Por tratarse de información que requiere mayor precisión y pruebas de los avances en la praxis, es necesario entonces, demostrar cómo se ha aplicado la normativa nacional en el sector privado, desde el sector empresarial, así como las actividades que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vienen realizando para promover el trabajo decente y en condiciones de igualdad.


Aportes del sector privado


Scotiabank, en alianza con la ONG CESAL, posee un programa de apoyo a la inserción laboral juvenil, focalizado en los jóvenes en situación de extrema pobreza en Huachipa. Este programa busca fortalecer sus capacidades profesionales y ampliar sus posibilidades de empleabilidad. Más de 100 jóvenes de las zonas de Nievería, Huachipa, Cajamarquilla y Jicamarca han sido incluídos en el proyecto, y se busca fortalecer y potenciar sus habilidades en gestión empresarial, lo que también ha promovido su emprendedurismo. Por esto último, se vienen realizando concursos de Fondos Semilla, los cuales buscan invertir en los mejores planes de negocio desarrollados durante los cursos de generación y gestión de negocios.


Backus, con el programa Creciendo por un Sueño, busca capacitar y empoderar a más mujeres por medio de capacitaciones en gestión financiera, bancarización y gestión de proyectos, entre otros tópicos relacionados al emprendedurismo y gestión de empresas. Hasta el momento, Backus ha capacitado a más de 12 mil bodegueras en 14 ciudades del Perú, para lo que ha invertido miles de horas de capacitación presencial y online mediante diversas workshops realizados en distintas regiones del país. Asimismo, BBVA, mediante su fundación, ha desarrollado un programa de educación financiera, con el objetivo de que exista un mejor entendimiento acerca de las instituciones financieras y bancarias por parte de los emprendedores. El Banco de Crédito del Perú, en la misma línea, ha desarrollado una serie de cursos ABC gratuitos, con el objetivo de educar a la población en materias relacionadas a gestión del dinero y deudas.


Respecto al crecimiento económico inclusivo, la organización CARE viene desarrollando desde 2019 el programa Ella Alimenta al Mundo, el cual está enfocado en luchar contra el retraso del crecimiento y la anemia nutricional mediante el empoderamiento económico de las mujeres, en las regiones de Lima, Ica y Piura. Similarmente, la Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm) trabaja en el empoderamiento económico de las mujeres artesanas con su programa Mujeres con Talento, con lo que busca que las mismas tengan una mayor autonomía y oportunidades económicas.


En síntesis, hay avances significativos sobre los ODS 8 y 10. Hemos podido ver el comprometido interés que tiene la sociedad peruana en los avances de los ODS, tanto desde el sector público como desde el ámbito no estatal.


Desde la administración pública, ello se ha visto reflejado por medio de la construcción de indicadores estadísticos y las leyes promulgadas por el poder legislativo para lograr avances en los ODS. Asimismo, se ha observado que las empresas peruanas tienen responsabilidad social y la evidencian mediante sus esfuerzos en diversos programas que buscan contribuir con el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad, así como las ONG, que también tienen una gran contribución al respecto con sus respectivos programas en todo el Perú.



Referencias bibliográficas


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PODS – Perú por los ODS. (s/f). Pods.Pe. Recuperado el 8 de agosto de 2023, de http://www.pods.pe/



Anexos


Ámbito de procedencia de las iniciativas legislativas relacionadas con el ODS 8. (Martínez, 2018)

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