¿Qué costo tiene la paz ambiental?

Por: Carmen Isabel Rodríguez Rodríguez


La creciente demanda de hidrocarburos, actividades de exploración y explotación, tanto de gas como otros minerales impulsados en los últimos 20 años en territorios habitados por comunidades indígenas, no solo es una problemática acontecida en nuestro país, sino en toda América Latina.

La ausencia del Estado como garante de los derechos y la corrupción de los gobiernos debido a intereses económicos, ha provocado una tendencia regional de constantes conflictos sociales que ha dejado a las comunidades indígenas en un estado de vulnerabilidad, en especial, al grupo de defensores ambientales.

Estas personas se caracterizan por proporcionar información a la sociedad civil, incluyendo al derecho de participación entre sus pilares fundamentales.

Las comunidades están organizadas para luchar por sus derechos y la justicia ambiental, pues son quienes están enfrentados a los impactos directos de la industria extractiva que incluyen contaminación de agua, aire y suelos, así como la relocalización forzada, la corrupción, la prostitución y el alcoholismo.


La mujer indígena y la vulneración de sus derechos fundamentales

El boom extractivo de los minerales que trajo prosperidad a una parte del país ha sido considerado por muchos como una “maldición” para la mujer indígena, víctimas de esta explotación en las que pocos piensan, que permanecen pobres, aisladas, expuestas a enfermedades y a la violencia familiar.

Por ejemplo, en la comunidad Machiguenga la situación ha cambiado drásticamente la vida de las mujeres y es que desde hace tiempo en Camisea las nuevas relaciones productivas que traen las actividades extractivas influyen también en las relaciones de género. Los hombres ya no cazan, ni pescan, ni se dedican a la agricultura, ahora trabajan en actividades relacionadas a los proyectos u obras de infraestructura aledaños; razón por la cual se desplaza a las mujeres de sus rutinas tradicionales como el cultivo en las chacras.

En otros extremos del país, los impactos ambientales y la contaminación del agua causan estragos aún mayores, puesto que socavan a las comunidades indígenas y su economía, recordando así la vulnerabilidad de las familias, principalmente, de la mujer, responsable de la alimentación y administración del hogar. Según el antropólogo Willie Guevara (2016), en la tradición Amazónica la mujer tiene un papel hegemónico, pero cuando la industria extractiva se instala en alguna zona la gestión de recursos se altera, se prioriza el desempeño laboral de los hombres y se destruye el rol de la mujer, llamando a estos impactos: "pasivos subjetivos irremediables".


Al frente por el medio ambiente

A pesar de la situación que se vive en estas comunidades indígenas, hay mujeres que se han levantado para reclamar sus derechos. Mujeres que están tejiendo, con sus vidas, fundamentos de una sociedad más justa e igualitaria. No obstante, como defensoras ambientales sufren la violación de sus derechos fundamentales, consecuencia de la existencia de una degradación ambiental previa.

La mayoría de los casos, por lo tanto, están relacionados con la degradación ambiental del hábitat de comunidades indígenas y/o pobres. Los defensores del medio ambiente no siempre son “activistas” o miembros de organizaciones en defensa de, sino que frecuentemente son personas que simplemente se enfrentan a decisiones importantes que afectan su entorno o pertenecen a pueblos indígenas, donde el uso tradicional de sus tierras está siendo amenazado.

Uno de los problemas más frecuentes es que las autoridades enjuician a los defensores, atribuyéndoles cargos civiles y penales injustificados, esto con la pretensión de detener la protesta social y que el movimiento ambientalista se enfoque en la excarcelación de sus líderes. Así, las defensoras ambientales se encuentran en una situación particular de doble vulnerabilidad: por un lado, los intereses del propio Estado y los poderosos grupos económicos que en la mayoría de los casos cuentan con la connivencia del Estado, y por otro, la vulneración de derechos de sus familias.

La gravedad de la situación de las personas y de las organizaciones no gubernamentales en el mundo y el nivel creciente de represalias constituyeron una de las razones principales por las cuales se aprobó la “Declaración sobre defensores y defensoras de los derechos humanos” por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera establecer el mandato de un experto sobre los defensores de derechos humanos con el fin de informar al Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos acerca de esta cuestión.

El mandato fue creado en el año 2000 por la Comisión de Derechos Humanos, como un procedimiento especial, para apoyar la aplicación de la declaración de 1998. El mandato también incluye una perspectiva de género en su labor, y crea conciencia sobre la situación de los defensores y las defensoras que corren mayores riesgos y sobre las violaciones cometidas en su contra.

Desde la creación de este mandato, la Relatoría recibió una gran cantidad de comunicaciones, relacionadas con presuntas violaciones cometidas contra defensoras y activistas que trabajaban en cuestiones ambientales y relacionadas con la tierra. Según el informe de la relatora, estas mujeres participaron activamente en negociaciones con las comunidades locales para resolver conflictos de tierras (novecientas mujeres en el Brasil, Colombia, Guatemala y la India) y denunciar apropiaciones de tierras (China), tratar de obtener reparación para los pueblos indígenas (India, Nepal, Perú), protestar contra la creación de un complejo residencial y de recreo (México), rodar un documental sobre los efectos dañinos de la producción de petróleo (Nigeria), hacer campaña en favor de los derechos sobre el agua y en contra de la construcción de una presa (India), y oponerse a proyectos mineros (Perú).


Cambio en la lógica del Estado

Ha pasado más de un año y medio desde la aprobación del “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), un documento que se enfoca en la protección de este grupo de ciudadanos a través de acciones, elaboración de procedimientos y medidas de articulación.

Para la especialista del programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Katherine Sánchez (2020), si bien el Ejecutivo ha generado normas que ponen en valor y buscan proteger el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, los ambientales, la ejecución efectiva de estas medidas ha encontrado diversos problemas estructurales.

Sánchez detalló que uno de los principales problemas estructurales es el desconocimiento que tiene la sociedad sobre el trabajo que realizan estas personas en nuestro beneficio, lo cual facilita su estigmatización, es así como se califica a las personas protectoras del ambiente como “antidesarrollo” o “radicales” para deslegitimar su lucha, en un comportamiento interiorizado incluso en las personas que ejercen la función pública lo cual coloca en una posición de desventaja a las personas defensoras cuando más necesitan de las autoridades.

Existen organizaciones sin fines de lucro que focalizan su misión en proteger los derechos de los defensores ambientales como Protection International, Front Line Defenders, e International Environmental Defenders Network, sin embargo estas no cuentan con el respaldo de las autoridades peruanas y son estigmatizadas por la sociedad.

La criminalización y violencia de personas defensoras del ambiente ha aumentado en el contexto de pandemia. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las personas defensoras ambientales, quienes ante este contexto, siguen en pie de lucha denunciando, articulando y resistiendo: “luchar por el territorio es luchar por la vida”.



Referencias