El acceso a educación y salud como clave contra la pobreza.

Elaborado por: Sergio Paolo Zulueta Valverde y Alanis Fabiana Oscco Inca. 

Introducción

La pobreza extrema y el hambre siguen siendo dos de los mayores desafíos globales y representan un obstáculo crítico para el desarrollo sostenible. Más allá de la falta de ingresos, la pobreza limita el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo digno, perpetuando desigualdades estructurales que afectan a millones de personas en el mundo (Banco Mundial, 2023). De acuerdo con Naciones Unidas (2023), más de 700 millones de personas viven con menos de 2,15 dólares al día, una realidad que impacta gravemente su calidad de vida y bienestar. 

El hambre y la malnutrición, por su parte, siguen en aumento. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2023), alrededor de 735 millones de personas sufren hambre en el mundo, una cifra agravada por crisis económicas, conflictos y el cambio climático. Garantizar el acceso a una alimentación adecuada no solo es un derecho humano fundamental, sino también un factor clave para el desarrollo cognitivo, la productividad y la reducción de enfermedades. 

Frente a esta realidad, la comunidad internacional ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito de erradicar la pobreza y el hambre, promoviendo sociedades más equitativas y resilientes. Este artículo explora la interconexión entre la pobreza, el hambre y otros pilares esenciales del desarrollo sostenible, con un enfoque en los avances y desafíos de los ODS 1 (Fin de la Pobreza), 2 (Hambre Cero), 3 (Salud y Bienestar), 4 (Educación de Calidad) y 5 (Igualdad de Género). Además, se analizarán políticas efectivas implementadas en distintas regiones y el papel clave de la inversión en salud, educación y equidad de género como estrategias fundamentales para romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro más justo y sostenible (ONU, 2023). 

Educación y salud: Derechos fundamentales para la dignidad.

El acceso a la educación y la salud es fundamental para romper los ciclos de pobreza y fomentar un desarrollo sostenible. Mientras que la educación proporciona herramientas esenciales para la movilidad social, la salud influye directamente en la productividad y la calidad de vida. Sin embargo, millones de personas en el mundo aún enfrentan barreras para acceder a estos derechos básicos, perpetuando desigualdades estructurales. 

Según la ONU (2023), 244 millones de niños y jóvenes siguen sin acceso a la educación, lo que limita gravemente sus oportunidades de desarrollo. En África Subsahariana, la implementación de programas de educación gratuita y alimentación escolar ha demostrado mejoras en la asistencia y el rendimiento académico. De manera similar, en América Latina, iniciativas como Mais Médicos en Brasil han reducido las brechas en la atención primaria, garantizando una mayor cobertura en comunidades rurales. A pesar de estos avances, la OPS (2023) advierte que la falta de acceso a la salud sigue afectando a las poblaciones más vulnerables, profundizando las desigualdades. 

En el contexto peruano, la pobreza sigue siendo un desafío urgente, agravado por el impacto de la pandemia de COVID-19, que elevó la pobreza monetaria al 30.1% en 2020 (INEI, 2021). Ante esta realidad, la educación y la salud desempeñan un papel crucial en la reducción de desigualdades y la promoción del desarrollo sostenible. Estudios del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) destacan la necesidad de políticas que garanticen una educación equitativa e inclusiva, con especial atención a estudiantes de poblaciones vulnerables. Asimismo, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza a través de estrategias integrales basadas en un enfoque de derechos humanos (MIDIS, 2023). 

Si bien estos esfuerzos han generado avances, aún es necesario fortalecer la inversión en infraestructura y calidad educativa, así como garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud. Para lograr una reducción efectiva de la pobreza en el país, resulta fundamental reforzar las estrategias gubernamentales y comunitarias que aseguren condiciones dignas para todas las personas, promoviendo la inclusión social y el bienestar colectivo. La inversión en educación y salud, acompañada de políticas efectivas, es esencial para construir sociedades más justas y sostenibles. 

Erradicación de la pobreza y el hambre: Un desafío global 

La inseguridad alimentaria ha aumentado significativamente en América Latina y el Caribe, impulsada por factores como la pandemia, el crecimiento económico limitado, la inflación y los eventos climáticos adversos. En el caso de Perú, esta problemática se ha visto agravada por la pobreza y la desigualdad, lo que resalta la urgencia de implementar intervenciones nutricionales efectivas. Un estudio reciente analiza los costos adicionales necesarios para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, destacando la importancia de políticas públicas sostenibles y equitativas (Maza-Córdova, 2023). 

A pesar de avances en la lucha contra la pobreza, la pobreza extrema continúa afectando a millones de personas en todo el mundo. Según el Banco Mundial (2023), el 9.2 % de la población global sobrevive con menos de 2.15 dólares al día, lo que perpetúa desigualdades intergeneracionales y limita las oportunidades de desarrollo. La inseguridad alimentaria no solo profundiza esta situación, sino que también tiene efectos devastadores en la salud y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. 

Diversas estrategias han demostrado ser efectivas para combatir la pobreza y el hambre. En Bangladesh, el programa Grameen Bank ha otorgado microcréditos a mujeres emprendedoras, promoviendo el desarrollo económico en comunidades rurales. India, a través del Sistema Público de Distribución, ha asegurado el acceso a alimentos subsidiados para más de 800 millones de personas, contribuyendo significativamente a la reducción del hambre y la desnutrición. 

En este marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 2 buscan eliminar la pobreza y el hambre a través de enfoques integrales que promuevan la inclusión económica, fortalezcan la protección social y fomenten la sostenibilidad en la producción de alimentos. No obstante, la efectividad de estas políticas requiere una inversión constante y la colaboración estrecha entre gobiernos, el sector empresarial y la sociedad civil, con el propósito de propiciar transformaciones estructurales y asegurar un acceso equitativo a los recursos esenciales. 

Igualdad de género: Un factor clave en la lucha contra la pobreza.

La desigualdad de género profundiza la pobreza y la exclusión, imponiendo barreras adicionales a mujeres y niñas en ámbitos clave como la educación, el empleo y la salud, lo que restringe significativamente su desarrollo. El ODS 5 busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, reconociendo que la equidad de género no solo constituye un derecho fundamental, sino también un pilar esencial para el progreso social y el desarrollo humano (Castiblanco Moreno et al., 2022). En este sentido, programas como Progresar en Argentina han facilitado el acceso de mujeres jóvenes a la educación superior, mientras que en Ruanda, políticas de inclusión han incrementado la representación femenina en el parlamento, impulsando reformas legislativas en favor de la equidad. 

No obstante, la desigualdad de género persiste en múltiples ámbitos. En el mercado laboral, la segregación ocupacional y la limitada inserción en empleos bien remunerados afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a las migrantes, quienes suelen desempeñarse en la economía informal y enfrentan condiciones laborales precarias (Navarro, 2019). La educación, como destaca la ONU, constituye una herramienta fundamental para cerrar estas brechas, ya que su acceso permite la transformación de comunidades y la construcción de sociedades más justas y equitativas (Gradaílle et al., 2015). 

Diversos estudios han evidenciado que la equidad de género y el desarrollo humano mantienen una relación bidireccional: una mayor igualdad en el acceso a la educación y al empleo genera impactos positivos en los indicadores de bienestar social y crecimiento económico (Castiblanco et al., 2022). Sin embargo, para garantizar la sostenibilidad de estos avances, es imperativo que las políticas públicas adopten un enfoque interseccional y atiendan a los sectores más vulnerables, como las trabajadoras domésticas migrantes, quienes con frecuencia quedan excluidas de los sistemas de protección social (Navarro, 2019). 

El acceso equitativo a la educación y la salud representa, por tanto, un eje fundamental en la lucha contra la pobreza, no solo como una cuestión de justicia social, sino también como un motor clave para el desarrollo sostenible. Si bien el impulso de iniciativas colectivas ha fortalecido estos compromisos, persisten desafíos en la implementación efectiva de políticas con perspectiva de género (Pajarín, 2015). 

Conclusión: Acciones concretas para un impacto real.

La erradicación de la pobreza extrema y el hambre constituye un desafío global que exige un enfoque integral y sostenido. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, las crisis económicas, los conflictos y el cambio climático continúan afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Para romper este ciclo, es fundamental garantizar un acceso equitativo a la educación, la salud, el empleo y una alimentación sostenible. 

La inversión en educación y salud es un pilar clave para la movilidad social y el desarrollo sostenible. No basta con desarrollar infraestructura; es imperativo garantizar la calidad y equidad en el acceso a estos servicios, con especial atención a las comunidades en situación de marginación. Asimismo, fortalecer la seguridad alimentaria requiere la implementación de sistemas de producción sostenibles y programas efectivos que aseguren el acceso a alimentos esenciales para toda la población. 

La igualdad de género desempeña un papel fundamental en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo. Diversas iniciativas han demostrado que el empoderamiento de las mujeres mediante el acceso a la educación, el empleo y la participación política genera un impacto positivo en el crecimiento económico y la cohesión social. 

El cumplimiento de estos objetivos exige una cooperación activa y sostenida entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Solo a través de estrategias coordinadas y sostenibles será posible avanzar hacia un futuro más equitativo, con mayores oportunidades para todas las personas.