Extorsión en el Perú: Cuando el miedo silencia la paz del ODS 16

Elaborado por: María Velásquez, Cciara Mendoza, Maria Angélica Fernandez, Valeria Crisoles y Jhadet Villafana.

1. Introducción 

En los últimos años, Perú ha experimentado un preocupante auge de la extorsión como fenómeno criminal, afectando no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad económica y social del país. El reciente asesinato de Paul Flores, vocalista de la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10, ocurrido el 16 de marzo de 2025 en Lima, ha puesto nuevamente en el centro del debate nacional la violencia sistemática que enfrentan diversos sectores de la ciudadanía. El ataque hacia Flores, según informes periodísticos, estaría relacionado con intentos de extorsión previos dirigidos a la orquesta (BBC, 2025; El País, 2025). 

Este trágico evento no es un caso aislado. La extorsión es una práctica que lleva años arraigada en distintos ámbitos económicos del país, afectando particularmente a trabajadores informales, transportistas, comerciantes de mercados populares, carretilleros, pequeños restaurantes y empresarios de Gamarra entre otros. Para ello, las modalidades de extorsión van desde amenazas telefónicas hasta actos violentos como ataques armados, cartas extorsivas y asesinatos, utilizados como mecanismos de coacción. Estas acciones generan un miedo paralizante en las víctimas, pero también tienen implicaciones estructurales: desincentivan la actividad emprendedora, debilitan los lazos comunitarios y contribuyen a una sensación generalizada de inseguridad (PuntoEdu, 2024). 

Los principales objetivos de la extorsión no son grandes corporaciones, sino micro y pequeñas empresas (MYPES), muchas de las cuales operan en sectores vulnerables y carecen de una protección estatal efectiva. Estas víctimas constituyen una parte fundamental del tejido económico nacional. Por lo tanto, la extorsión no solo perjudica a individuos específicos, sino que también socava el desarrollo económico desde sus bases. De hecho, se estima que la inseguridad le cuesta al Perú el 3.1% de su PBI, al generar cierre de negocios, evasión tributaria y desinversión en sectores claves como transporte, comercio y construcción (Stakeholders, 2025). Según datos recientes, más de 13,000 bodegueros fueron víctimas de extorsión en 2023 y 2,000 cerraron sus negocios por amenazas (Stakeholders, 2025). 

Frente a esta realidad, surgen interrogantes fundamentales sobre el papel del Estado. ¿Qué rol debería desempeñar ante este fenómeno? ¿Qué medidas se han implementado y cuán efectivas han sido? La ciudadanía exige respuestas estructurales. Sin embargo, la respuesta estatal suele repetirse: decretar estados de emergencia, militarizar territorios y prometer soluciones inmediatas sin abordar las causas subyacentes. Estas medidas, aunque mediáticamente efectivas, generan preocupación por sus impactos en las libertades civiles y en la legitimidad de las instituciones democráticas (PuntoEdu, 2024). 

Por todo ello, este artículo analiza la problemática de la extorsión en Perú no solo como un fenómeno criminal, sino como un síntoma de una crisis institucional más profunda. A través del estudio del rol estatal, la respuesta social y el vínculo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (que promueve la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas)  se plantea una reflexión sobre la capacidad del Estado peruano para garantizar condiciones mínimas de seguridad y bienestar. Por ello, la pregunta que guía este análisis es: ¿en qué medida la respuesta del Estado peruano frente a la extorsión ha sido efectiva, y hasta qué punto ha contribuido a profundizar la desconfianza ciudadana y la fragilidad institucional? 

2. El rol del Estado: lo que debería suceder 

Es pertinente mencionar que, en la actualidad, se está desarrollando un escenario que aqueja a miles de peruanos de forma constante. Al representar una amenaza a gran escala hacia la seguridad ciudadana, es imprescindible que la respuesta que contrarreste los efectos de esta problemática provenga de un agente con la suficiente incidencia para generar un impacto real; en otras palabras, es necesaria la actuación del Estado. Desde esta posición de poder, las distintas entidades estatales deben trabajar en conjunto para planificar estrategias que generen resultados positivos a corto, mediano y largo plazo. Ello con el fin de tutelar diversos derechos fundamentales expresados de esta manera en nuestra Constitución Política del Perú (1993) y que forman parte del derecho nacional, como el derecho a la paz y tranquilidad (artículo 22), así como al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2, inciso 1). 

Cada gobierno al realizar esta labor, en esencia, está cumpliendo con garantizar estos derechos mencionados anteriormente en favor de la ciudadanía. De esta manera, con la implementación de políticas públicas se debería reflejar la toma de acción inmediata, pero sobre todo sostenible. En consecuencia, no solo se reduce la problemática existente, sino también incrementa la satisfacción con la gestión pública. No obstante, lo que debería suceder es distinto a lo que ocurre en lo que respecta a la extorsión y sus distintas modalidades de operación. Aunque, para Juan José Santivañez, ex ministro del Interior, el Perú no es tan inseguro a comparación de otros países como México y Colombia. Lo cierto es que la tasa de asesinatos no ha hecho más que aumentar estadísticamente en comparación a los años previos. Basta con resaltar que, el año pasado, la tasa de homicidios aumentó en un 30% (Molero, 2025). Ante ello, no es inesperado que exista un descontento por parte de la población hacia la intervención estatal aplicada, ya que no ha sido del todo eficaz ante un sistema que incrementa su nivel de peligrosidad y que, además, se consolida y fortalece con el pasar del tiempo.  

3. Reacción ciudadana y percepción social 

A medida que la ola de extorsiones se vuelve más grande, el pueblo peruano ha ido sintiendo la necesidad/obligación de salir a marchar o realizar “paros” a las calles exigiendo algo que es un derecho universal: “Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia” la cual implica “la protección del individuo y su integridad física y psicológica, así como también la protección de su propiedad y entorno.” (Renedo, E; 2023).  

Los primeros rechazos de la ciudadanía se observaron con 3 grandes paros. La del 26 de Septiembre del 2024 que se conformó principalmente por el 98% de transportistas de Lima Metropolitana y en la cual ,al día siguiente, se reportó un atentado contra otra empresa de autobuses por la banda criminal “Pulpos del norte” donde más de 25 vehículos fueron incendiados (El Comercio, 2024) . La del 10 y 11 de octubre del 2024 donde transportistas de otras provincias , como Piura, Junín y Arequipa, se unieron al descontento (El Comercio, 2024). Por último, la del 23 de Octubre del 2024 donde no solo fueron transportistas sino que otros gremios y comerciantes se unieron en un paro nacional en la cual su principal demanda fue la derogación de la "Ley de Crimen Organizado" (Ley 32108). Estas acciones podrían considerarse pasivas ya que nos referimos a huelgas; sin embargo, al ver que estas manifestaciones no generaban un cambio y las extorsiones seguían en aumento; la ciudadanía decidió levantarse en marchas y protestas siendo así que la más reciente marcha que se dio fue la del pasado 21 de marzo del 2025 la cual fue impulsada por el pronto asesinato de Paul Russo, vocalista de la orquesta Armonía 10 (Caretas, 2025). Lo cual aumentó aún más la indignación pública. (Apnews, 2025) 

En definitiva, se ha experimentado un notable deterioro de la confianza de los peruanos en el Estado en estos últimos meses. El IEP indica que “más del 70% desconfía de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial ante ola de delincuencia” (La República, 2025). De igual forma, se observa una creciente sensación de miedo, frustración y paranoia en el pueblo peruano siendo estos respaldados por data.  

• “El 28% de los peruanos encuestados por Ipsos Perú se sienten inseguros dentro de sus hogares”. (RPP, 2024) 

• “El 51% de los encuestados afirmó sentirse intranquilo al momento de dejar sus viviendas solas sin supervisión”. (RPP, 2024) 

• “El 76% de los peruanos se siente inseguro fuera de casa, siendo Lima la región con mayor percepción de inseguridad (81%)”. (RPP, 2024) 

• “79% de mujeres peruanas se siente insegura en la vía pública”. (RPP, 2024) 

• “Ocho de cada 10 peruanos experimentan estrés, ansiedad y depresión debido a la inseguridad ciudadana” (El Peruano, 2023) 

Figura 1 

Porcentaje de ciudadanos ,que residen en Perú, que se sienten seguros al salir de casa.

Nota. Tomado de ¿Qué tan seguro se siente al salir de casa? [Figura], de IPSOS,2024. https://www.ipsos.com/es-pe/casi-ocho-de-cada-diez-peruanos-se-sienten-mas-inseguros-al-salir-de-sus-casas#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20con%20mayor%20percepci%C3%B3n,de%20dejar%20sus%20domicilios%20solos. 

4. El vínculo con el ODS 16 

El objetivo ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, tiene como fin promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas tienen el derecho de vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día. Sin embargo, los conflictos actuales y nuevos en el Perú nos alejan cada vez más de la consecución del Objetivo 16, viéndonos cada vez más envueltos en un país distante del camino global hacia la paz. 

Las extorsiones son un fenómeno nacional que aumenta cada año. En el primer bimestre del 2024 se registraron 3,669 denuncias por este delito. En el mismo periodo de este año 2025, se ha registrado un aumento del 7% en estos hechos delictivos, según el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la PNP. Lima Metropolitana encabeza la lista con 1,653 denuncias por extorsión registradas de enero a febrero del 2025. Las extorsiones han generado desconfianza en los ciudadanos. La última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recopila información sobre los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas durante el periodo julio - septiembre del 2024. Según las estadísticas a nivel nacional urbano, el 85.8% de los hombres percibe que puede ser víctima de algún hecho delictivo en los próximos doce meses, y en el caso de las mujeres, el 85.4%. Esto afecta el desarrollo individual de los ciudadanos y, además, vulnera su derecho a vivir en paz. 

Es alarmante que, a pesar de estos datos, la ciudadanía ya no denuncie, puesto que ha perdido la confianza en las instituciones policiales. De hecho, el 66% de la población no confía en la Policía Nacional, y el 87% tampoco confía en los jueces y fiscales del país. El 30% considera que los jueces están haciendo el peor trabajo en la lucha contra la criminalidad, seguido de un 29% que cree que son los fiscales quienes peor desempeñan esta labor. 

Ante la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades, muchos ciudadanos optan por huir, cambiar de teléfono o buscar intermediarios para solucionar sus problemas. Sin embargo, apoyar iniciativas ciudadanas como las juntas vecinales es fundamental para prevenir que niños y adolescentes se involucren en actos delictivos y se conviertan en futuros extorsionadores. 

5. Conclusiones y reflexión final 

El presente artículo ha puesto en evidencia que la extorsión en el Perú no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que afecta la seguridad, la economía y la estabilidad social del país. Entre los hallazgos más relevantes se destaca que las principales víctimas son los sectores más vulnerables, como los micro y pequeños empresarios, transportistas y comerciantes informales, quienes enfrentan un clima de terror ante la creciente ola de criminalidad organizada. 

Por consiguiente, la percepción ciudadana refleja un sentimiento generalizado de incredulidad respecto a las acciones de las instituciones encargadas de velar por la seguridad. La falta de estrategias sostenibles tanto al tomar medidas accionarias para obtener resultados a corto plazo, como también la realización de políticas públicas con fines de durabilidad a largo plazo, ha generado una sensación de abandono y desprotección llevando a la población a organizarse por su cuenta mediante protestas, paros y hasta la creación de mecanismos de defensa comunitaria. En este contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve la paz y el fortalecimiento de las instituciones, se aleja cada vez más de la realidad peruana, donde la inseguridad sigue en ascenso y el tejido social se debilita ante la falta de garantías efectivas. 

Es fundamental reconocer que la extorsión no es solo un problema de delincuencia común, sino un síntoma de una crisis más profunda: la fragilidad institucional y la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos como la seguridad y la justicia. La situación demanda soluciones integrales que no solo repriman el delito, sino que también atiendan sus raíces económicas, sociales y políticas. En ese sentido, es necesario seguir preguntándonos y empezarnos a cuestionar si ha sido idónea la respuesta estatal ante este fenómeno o solo ha contribuido a perpetuar la fragilidad institucional. 

6. Bibliografía 

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El País. (2025). Muere Paul Flores, cantante del grupo de cumbia Armonía 10, al ser tiroteado en Lima: el autobús en el que viajaba fue atacado. https://elpais.com/cultura/2025-03-17/muere-paul-flores-cantante-del-grupo-de-cumbia-armonia-10-al-ser-tiroteado-en-lima-el-autobus-en-el-que-viajaba.html  

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Marcha contra la delincuencia en Lima: conoce los horarios y lugares de concentración. (21 de marzo de 2025). Caretas. https://caretas.pe/nacional/marcha-contra-la-delincuencia-en-lima-conoce-los-horarios-y-lugares-de-concentracion/  

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