El impacto de las deportaciones en la desigualdad económica y social de las comunidades migrantes en EE.UU.

Por: Dabilui Antonio Isasi Cabrera, María Alejandra Jiménez Ramírez & Micaela Virginia Cossio Ventura.

1. Hacia la reducción de las desigualdades y el reconocimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 10. 

   
   

En pleno siglo XXI, la migración dejó de ser un asunto de derechos humanos para convertirse en una agenda de criminalidad y terror en Estados Unidos, particularmente bajo la administración de Trump. Desde su segundo mandato, las políticas migratorias implementadas, que incluyen deportaciones masivas y la militarización de la frontera con México, han generado alarma en América Latina y el mundo. (El Economista, 2025). Esta criminalización sistemática de los migrantes, tratados como "criminales" y "amenazas", no solo ignora el derecho humano a migrar, establecido en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, sino que también perpetúa un patrón de racismo institucional y deshumanización que afecta a comunidades enteras. 

Más allá de la dimensión humanitaria, estas deportaciones masivas agravan las desigualdades económicas y sociales en múltiples niveles. A nivel comunitario, la expulsión de personas con recursos socioeconómicos diversos y fuertes lazos con su entorno empobrece a las comunidades migrantes en Estados Unidos, debilitando su cohesión social y reduciendo sus oportunidades de desarrollo (Hagan et al., 2015). Además, la constante amenaza de redadas y deportaciones ha llevado a que muchos migrantes eviten asistir a sus trabajos o enviar a sus hijos a la escuela por miedo a ser arrestados, lo que contribuye a una mayor precarización laboral y educativa (El Economista, 2025). Esta situación no solo afecta a los migrantes indocumentados, sino que tiene repercusiones en el conjunto de la sociedad, ya que reduce la participación en la economía formal y limita el acceso a servicios esenciales para miles de personas. 

En este contexto, las políticas de deportación masiva entran en contradicción directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (ODS 10), que busca reducir la desigualdad en y entre los países. En particular, incumplen la meta 10.7, que insta a los Estados a facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable mediante políticas bien gestionadas (UN, s.f.). Lejos de avanzar en esta dirección, las deportaciones masivas no solo aumentan la exclusión y la precarización de las comunidades migrantes, sino que también perpetúan las desigualdades estructurales entre el Norte y el Sur global. En lugar de abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen, estas políticas refuerzan un modelo de desigualdad global que impide un crecimiento inclusivo y sostenible. Así, este ensayo examinará cómo las deportaciones en Estados Unidos no sólo agravan la desigualdad económica y social de las comunidades migrantes, sino que también representan un obstáculo significativo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

2. El trabajo informal 

   
   

El trabajo informal ha sido históricamente una de las principales vías de inserción laboral para las comunidades migrantes de Estados Unidos. Muchos migrantes, debido a barreras legales y estructurales, encuentran dificultad para encontrar empleos formales, lo que los obliga a desempeñar trabajos precarios sin contratos ni derechos laborales básicos (OIT, 2024). Aproximadamente el 36% de la población adulta participa en trabajos informales, y casi el 60% de los migrantes mexicanos indocumentados trabaja en la informalidad, comparado con el 48,5% de los migrantes con ciudadanía estadounidense (El Trimestre Económico, 2024). Sectores como la limpieza, construcción, agricultura y servicio doméstico dependen en gran medida de esta fuerza laboral, caracterizada por su vulnerabilidad y explotación (CEPAL, 2023). 

La separación de familias ocasionada por las deportaciones y la disolución de redes de apoyo dejan a comunidades enteras en una situación de vulnerabilidad extrema, obligando a muchos a depender aún más de empleos precarios y sin protección. Los hijos de migrantes deportados, por ejemplo, suelen enfrentar una drástica reducción en sus ingresos familiares, lo que los fuerza a abandonar la educación y sumarse al trabajo informal de una manera incluso más precaria o de riesgo mayor a edades tempranas, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión (American Psychological Association, 2023). Así mismo, muchas personas deportadas regresan a sus países de origen sin acceso a oportunidades laborales, enfrentados nuevamente a la informalidad como única opción de subsistencia (Center for American Progress, 2016). En países como México, Honduras y El Salvador, esta es una realidad constante, donde la falta de oportunidades los obliga a retornar a este sector. 

Desde una perspectiva económica, las deportaciones no solo afectan a los trabajadores migrantes, sino que también generan disrupciones en sectores que dependen de su labor. Industrias como la construcción, la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico, donde la informalidad es frecuente, experimentan escasez de mano de obra tras la expulsión de estos trabajadores, lo que encarece la producción y reduce la competitividad (Brooking Institution, 2024). Sin embargo, en lugar de incentivar la formalización, estas dinámicas a menudo provocan el efecto contrario: la creciente demanda de trabajadores impulsa prácticas más informales, con empleadores recurriendo a mano de obra indocumentada en condiciones aún más carentes para evitar regulaciones y costos adicionales. En este sentido, las deportaciones masivas no solo afectan a quienes son expulsados, sino que debilitan el propio mercado laboral, reforzando un modelo basado en la explotación y la inestabilidad. 

Desde la perspectiva del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (Reducción de las desigualdades), la informalidad laboral profundiza la brecha económica entre migrantes y ciudadanos nativos, impidiendo el acceso a condiciones de trabajo dignas, seguridad social y estabilidad económica. La falta de reconocimiento y regulación del empleo informal refuerza los ciclos de pobreza y marginación, impidiendo que las comunidades migrantes logren una integración plena en la sociedad. Como señala la OEA (2023), abordar esta problemática requiere políticas que garanticen la regulación migratoria, la inclusión laboral y la protección de derechos para reducir la desigualdad estructural. Por ejemplo, Polonia logró reducir su tasa de informalidad en más de 7 puntos porcentuales, pasando de 24,8% a 17%, gracias a reformas educativas y económicas (LYD, 2023). En América Latina y el Caribe, estrategias como la simplificación de regímenes tributarios y la reducción de cargas impositivas han sido utilizadas para fomentar la formalización laboral (BYD, 2023). 

En definitiva, el impacto de las deportaciones sobre la informalidad laboral y la desigualdad es más profundo de lo que a menudo se percibe. No se trata solamente de la pérdida de empleo, sino de la ruptura de estructuras económicas y sociales que sostienen a familias enteras. El reconocimiento y la regulación del trabajo informal, así como políticas de integración laboral, son claves para mitigar los efectos de la desigualdad y avanzar con el compromiso del ODS 10. 

3. Las comunidades migrantes 

   
   

Somos conscientes de que el derecho a emigrar del propio país (ius migrandi) actualmente se encuentra consagrado mediante el segundo párrafo del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece expresamente que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Sin embargo, este derecho puede verse afectado cuando los Estados establecen categorías legales e informales para la condición migratoria de las personas. Esta distinción genera una desigualdad estructural que obstaculiza el desarrollo pleno de los inmigrantes. 

Al respecto, Luigi Ferrojoli (2019) destaca que “sin derechos, el inmigrante es percibido como antropológicamente desigual” (p. 37). En esta misma línea, el jurista italiano argumenta que “cuanto mayor es la exclusión social producida por la discriminación jurídica, tanto mayor es la demanda de leyes racistas y el consenso hacia ellas” (p. 37). De esta manera, las deportaciones contribuyen a un círculo vicioso de marginalización y discriminación que agrava la desigualdad económica y social de las comunidades migrantes. 

Cabe subrayar que no pretendemos justificar la condición de un inmigrante, sino más bien exponer las grandes dolencias y repercusiones al no regularizarse hasta ahora un sistema internacional que permita mantener un orden en el sistema migratorio. Así, observamos que el impacto de las deportaciones no solo afecta la estabilidad individual de los inmigrantes, sino que también tiene repercusiones significativas en las comunidades en las que participan. 

De acuerdo con la Oficina Regional para América Latina y El Caribe (s.f.), existen tres categorías principales a través de las cuales los migrantes contribuyen a sus comunidades: 

• La sociocultural se refiere a los factores sociales y culturales, como los hábitos, las tradiciones y las creencias. 

• La cívico-política se refiere a la resolución de problemas en la comunidad a través del voluntariado, la participación en procesos políticos o en oficinas gubernamentales. 

• La económica describe cualquier actividad que implique comercio, industria o dinero. Se ha demostrado que la inmigración estimula el crecimiento económico y contribuye al producto interno bruto (PIB) mundial. 

  
  

Como señala Will Kymlicka (1996), “algunos inmigrantes esperan recrear todas esas prácticas en su nuevo país". Pero ello no es posible sin un importante apoyo gubernamental, que raras veces, si alguna, se proporciona” (p. 114).    

Por consiguiente, las deportaciones no solo impactan a los individuos que son expulsados de un país, sino que también generan una mayor desigualdad en las comunidades migrantes, limitando sus oportunidades de integración y desarrollo. Es imperativo promover políticas migratorias más inclusivas que reconozcan la contribución de los inmigrantes y garanticen su derecho a una vida digna y estable en sus países de acogida. 

4. La necesidad de políticas que formalicen el trabajo y reduzcan las desigualdades en Perú. 

   
   

La alta informalidad laboral, que afecta a más del 70% de la población económicamente activa (INEI, 2023), no solo limita el acceso a derechos laborales y seguridad social, sino que también impacta negativamente en el desarrollo económico y la recaudación fiscal del país. 

Las políticas públicas deben enfocarse en la reducción de barreras para la formalización, incluyendo la simplificación de trámites administrativos, incentivos tributarios y programas de capacitación para los trabajadores informales. Además, es fundamental fortalecer la fiscalización laboral y promover un diálogo social efectivo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores para garantizar condiciones laborales dignas (OIT, 2022). 

Como hemos visto, la experiencia internacional sugiere que la formalización del empleo está estrechamente vinculada con políticas de crecimiento inclusivo. Por ejemplo, países como Uruguay han logrado reducir su tasa de informalidad a través de políticas fiscales progresivas y programas de seguridad social universal (Banco Mundial, 2023). Estas estrategias podrían adaptarse a la realidad peruana para generar un impacto positivo en la reducción de desigualdades. 

Somos de la opinión de que “las personas deberían poder decidir qué es lo mejor desde dentro de su propia cultura e integrar en su cultura todo aquello que considerasen admirable de otras culturas” (Kymlicka, 1996, p. 149). En consecuencia, la formalización del trabajo y la reducción de desigualdades en el Perú son objetivos interdependientes que requieren una combinación de políticas económicas, sociales y educativas. La articulación de esfuerzos entre el sector público y privado, así como el compromiso ciudadano, será clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible. 

Referencias 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2023). Estrategias para la formalización laboral en América Latina y el Caribe. Recuperado de https://blogs.iadb.org 

Banco Mundial. (2023). Formalización laboral en América Latina: avances y desafíos. Washington, D.C.: Banco Mundial. 

CalMatters. (2024). The economic impact of deportations on migrant families. Recuperado de https://calmatters.org 

Center for American Progress. (2016). The consequences of mass deportation. Recuperado de https://www.americanprogress.org 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). El impacto de la informalidad laboral en la población migrante. Recuperado de https://www.cepal.org 

El Trimestre Económico. (2024). Informalidad y migración en Estados Unidos. Recuperado de https://eltrimestreeconomico.com.mx 

Ferrajoli, L. (2019). Políticas contra los migrantes y crisis de la civilización jurídica. En Migración y derechos fundamentales (pp. 29-52). Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Recuperado de https://revista.tc.gob.pe/index.php/revista/article/view/268/264 

Hagan, J., Leal, D., & Rodríguez, N. (2015). Deporting social capital: Implications for immigrant communities in the United States. Migration Studies, 3(3), 370–392. https://doi.org/10.1093/migration/mnu054 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Informalidad laboral en el Perú. 

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Ediciones Paidós. 

Libertad y Desarrollo (LYD). (2023). Reducción de la informalidad laboral en Polonia. Recuperado de https://lyd.org 

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/ 

Ochoa, M. (2025, 2 de febrero). Deportaciones masivas: De un problema de derechos humanos pasamos a la criminalización. El Economista. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/deportaciones-masivas-problema-derechos-humanos-pasamos-criminalizacion-20250202-744619.html 

Organización de Estados Americanos (OEA). (2023). Políticas para la inclusión laboral de los migrantes. Recuperado de https://www.oas.org 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2022). Trabajo decente y economía informal. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2024). Trabajo informal y migración. Recuperado de https://www.ilo.org